Investigan contratos de À Punt por prevaricación en su adjudicación.

Una querella del PP señala a la directora general, Empar Marco, y al presidente del Consejo Rector, Enrique Soriano, por la adjudicación de la serie ‘La Tramuntana’

La ficción costó 1,3 millones y fue otorgada a la empresa de un ex edil del PSPV

Un juzgado de Paterna ha abierto diligencias previas de investigación a raíz de una querella por presuntos delitos de prevaricación contra la actual directora general de À PuntEmpar Marco, y contra el presidente del Consejo Rector, Enrique Soriano, por irregularidades en una serie de contratos. El principal, por su montante económico, la adjudicación de una temporada de la serie La Tramuntanaa la sociedad Mediterráneo Media Entertainment SL, cuyo administrador único es Fausto Atienza, ex concejal del PSPV en el Ayuntamiento de Benifaió (Valencia).

La querella fue presentada por el Partido Popular a partir de documentación del Consejo Rector y del informe de fiscalización de la Sindicatura de Comptes, que ya detectó algunas irregularidades en la contratación, aunque no consta que acabara elevándolas ni a la Fiscalía ni al Tribunal de Cuentas.

‘Salarios’ encubiertos como contratos menores

 

Al margen de las sospechas sobre la contratación de la serie ‘La Tramuntana’ a la firma de un ex concejal socialista, la querella del Partido Popular se detiene en otro de los aspectos que la Sindicatura de Comptes consideró irregulares, como son los primeros contratos laborales que À Punt formalizó con distintas personas para su puesta en funcionamiento. Aquellas personas, las primeras que se vincularon a la nueva televisión pública, fueron contratadas por la realización de «informes» o «estudios» que fueron adjudicados a dedo por importe de 5.995 euros. Esas personas son las que posteriormente fueron también contratadas como personal laboral de la Corporación, obviándose, señala el texto, los principios de igualdad, mérito y capacidad que se establecen para el acceso a la Función Pública. Los contratos, concluye el texto de la querella, «guardan estrecha relación con la labor desarrollada posteriormente como empleados» por estas personas. De esta forma, con carácter previo a su contratación como personal laboral «se pagaron cantidades a modo de ‘salarios’ pero disfrazando estas prebendas dándoles apariencia de contrataciones para la prestación de servicios tan genéricos como elaboración de informes o estudios». La ley establece para los contratos menores de servicios de un importe superior a 6.000 euros que se soliciten al menos tres ofertas, siempre que ello sea posible. En este caso, se optó por 5.995 euros para burlar ese paso.

FUENTE: EL MUNDO ver la noticia completa PINCHAR AQUI

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